Unos menores hacen cola para recibir ayuda en la oficina del JRS cerca de la frontera de Zimbabwe, provincia de Limpopo, Sudáfrica (Peter Balleis SJ/JRS)
De los cerca de 175 niños que actualmente están en Musina y Makhado, menos de 50 acuden a la escuela.

Johannesburgo, 16 de marzo de 2011 – Muchos menores no acompañados, la mayoría niños inmigrantes indocumentados, se ven obligados a dormir en las paradas de taxis y a mendigar para sobrevivir, algunos de ellos desde hace más de cuatro años.

Según el personal que trabaja para el JRS en Sudáfrica, en Musina y Makhado, cerca de la frontera con Zimbabwe, hay dos temas que han empeorado la situación de los menores no acompañados: un departamento de estado con escasos recursos y la falta de alojamientos.

Los niños de la calle en Makhado y Musina suelen ser inmigrantes sin documentos que han cruzado la frontera sin un visado válido. Se ven obligados a valerse por si mismos y a trabajar en empleos de alto riesgo, incluyendo trabajos físicos, y a menudo terminan involucrados en bandas criminales y en la prostitución.

El Refugio de Santa Teresa para Chicos, el único de este tipo en Makhado, se vio obligado recientemente a mudarse a un edificio más grande para alojar a una creciente población de chicos sin hogar en el área. Pero no hay refugios para chicas.

Si bien hay dos refugios en Musina, uno para chicos y otro para chicas, ambos se enfrentan a graves dificultades. La falta de albergues para menores ha llevado a algunos niños a quedarse en alojamientos para adultos, o simplemente a quedarse en las calles.

De los cerca de 175 niños que actualmente están en Musina y Makhado, menos de 50 acuden a la escuela. Esto se debe principalmente a problemas legales y económicos. A menos que los niños tengan el permiso de residencia sudafricano, las escuelas no pueden matricularles.

Dificultades para acceder a la educación 

Además, para los niños admitidos en la escuela, los índices de deserción son altísimos por la imposibilidad de pagar los costes de los uniformes, los bártulos escolares y otros materiales necesarios. Animar a los niños de la calle a permanecer en los refugios y a aceptar la supervisión de un adulto es todo un reto. Sin un proceso de registro que funcione, es difícil ofrecer la acogida temporal, la reunificación familiar y el retorno voluntario.

"Una respuesta más global por parte de las autoridades y de los departamentos relacionados con el tema de los menores no acompañados permitiría aumentar la protección de estos niños vulnerables. Hay que hacer más eficientes los trámites y procedimientos para mejorar la seguridad de los menores no acompañados", dijo el responsable de advocacy y comunicación del JRS África austral, Robyn Leslie.

El equipo del JRS en Makhado trabaja actualmente con las autoridades en la mejora de la asistencia a los niños que llegan a la oficina. Esto significa hacer un seguimiento de las opciones de alojamiento de estos, así como de monitorear las órdenes judiciales de protección, que obliga a las autoridades a ofrecer un lugar seguro a los niños bajo su tutela.

Wi Lai Poli, ganadora de una beca, norte de Tailandia (Molly Mullen/JRS)
En un intento por reducir el riesgo de caer víctimas del tráfico de personas, del trabajo infantil o de la prostitución, el JRS ofrece becas para los niños en situación de mayor riesgo de abandonar la secundaria.

Bangkok, 10 de marzo de 2011 – Muchos niños refugiados de la etnia shan, procedentes de Birmania, encaran grandes dificultades mientras crecen en el norte de Tailandia. Muchos son los que abandonan la escuela precozmente, empiezan a consumir drogas, e incluso caen víctimas de los traficantes de personas, según dice el responsable regional de advocacy del JRS Asia Pacífico, Oliver White.

Nacer y crecer en el área shan del norte de Tailandia no es fácil. Sin papeles, es difícil encontrar trabajo. Así que muchos se resignan a una vida, en el mejor de los casos, de jornaleros en el campo, en el peor, de traficantes de tráfico de drogas, en la prostitución o en la cárcel.

A diferencia de los refugiados karen y karenni, también de Birmania, el gobierno tailandés no reconoce a los shan como refugiados, lo que ha obligado a más de 500 de ellos a establecerse en campamentos no oficiales, como el de Jung Jor, formado por unas docenas de casas de bambú en una colina polvorienta.

Sin apoyo del estado, muchos shan se ven obligados a realizar trabajos difíciles o peligrosos por menos de tres dólares al día. Otros introducen ilegalmente metanfetaminas desde Birmania a Tailandia. Los riesgos son elevados: Tailandia impone la pena de muerte por delitos graves de tráfico de drogas.

"Aquí hay un problema grave con las drogas y la prostitución infantil… La venta de drogas afecta a toda la familia, pero es duro encontrar trabajo en las aldeas o en las granjas. Traficar con estupefacientes es su única opción," explica el señor Jafa, un cuidador de un orfanato local.

Aumentar el acceso a la educación

Aunque Tailandia tiene establecida como obligatoria la educación para todos los niños, independientemente de su situación legal, muchos no hablan lo suficientemente bien el tailandés para poder seguir las clases. A otros, sus padres no pueden permitirse enviarles a la escuela y menos si temen que pueden ser deportados.

En un intento por reducir el riesgo de caer víctimas del tráfico de personas, del trabajo infantil o de la prostitución, el JRS ofrece becas para los niños en situación de mayor riesgo de abandonar la secundaria.

Wi Lai Poli es una estudiante de octavo grado que se ganó una beca del JRS para que pudiese continuar sus estudios en la escuela de secundaria. A pesar de ser tan joven, ella es muy consciente de la importancia de la educación.

"Si no estuviera en la escuela, trabajaría en una granja o iría a Chiang Mai," dice Wi Lai Poli.

Animada por su maestra de inglés y matemáticas, Wi Lai no sólo quiere segur su educación secundaria, sino que quiere hacer de ésta su profesión.

El JRS ofrece actualmente 18 becas al año. En 2010, más de 200 las solicitaron. Para impedir tensiones con la comunidad local, el 20 por ciento de las becas son para niños tailandeses.

El JRS ofrece asistencia financiera a tres escuelas en el distrito de Wiang Hang y Chiang Dao. Los equipos suministran también materiales agrícolas y ofrecen apoyo a proyectos de medios de subsistencia en cada colegio. Con la financiación del JRS, cada escuela produce ahora suficientes verduras para alimentar a los estudiantes y como suplemento a sus ingresos.

Aparte de la asistencia económica, las becas y el apoyo a los programas de subsistencia, el JRS trabaja con la Red de Acción de Mujeres Shan (SWAN, por sus siglas en inglés) y otras ONG para ofrecer formación a los maestros de guarderías y de escuelas de primaria.

Numerosos funcionarios del gobierno han insistido que actualmente es imposible absorber a la población deportada en condiciones de seguridad, Port-au-Prince, Haití (Christian Fuchs/JRS)
Los debates abordan dos temas preocupantes: las relaciones haitiano-dominicanas y la deportación de haitianos desde Estados Unidos.

Port-au-Prince, 15 de marzo de 2011 – A menos de una semana de la segunda vuelta electoral, los dos candidatos a la presidencia han intensificado su campaña.

En sus viajes por todo el país y por el extranjero, los dos políticos han sacado a la luz muchos temas nuevos, en particular los relacionados con la emigración. Parece como que los candidatos se han decidido a dar a este asunto la importancia que éste merece en Haití, donde aproximadamente un tercio de la población (más de cuatro millones de los 10 millones que hay en el país) han emigrado. Los debates abordan dos temas preocupantes: las relaciones haitiano-dominicanas y la deportación de haitianos desde Estados Unidos.

La candidata presidencial, y ex primera dama, Mirlanda Manga, en sus viajes a Canadá y Estados Unidos, condenó la reciente decisión estadounidense de reanudar las deportaciones de ciudadanos haitianos, que fueron suspendidas tras el terremoto del 12 de enero de 2010.

Si es elegida, ha prometido presionar al presidente de los Estados Unidos, Barak Osama, para que reinstaure la moratoria a la deportación de haitianos, especialmente de los ex convictos. Según Manga, estas deportaciones ejercen una presión excesiva sobre el país.

En su visita a la República Dominicana, el popular cantante y candidato presidencial, Michel Marbellí, tuvo un encuentro con el presidente dominicano, Leonel Fernández, con quien habló de las posibilidades de trabajar para mejorar las relaciones entre ambos países.

Si bien ninguno de los candidatos presentó propuestas detalladas sobre migraciones, el interés político surge de los acontecimientos recientes.

Muerte de un deportado

Una semana después de su deportación junto a otros 26 compatriotas, Wildrick Guerrier murió en una prisión haitiana a finales de enero. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) apremió a las autoridades estadounidenses a suspender las deportaciones de personas de origen haitiano que padezcan enfermedades graves o que tengan familiares en los EE.UU.

Una semana después de las publicación de la declaración de prensa de la CIDH, varias organizaciones humanitarias y grupos de iglesia, entre estos el JRS USA, escribieron a la Secretaria del Departamento de Estado de Seguridad Nacional (DHS), Janet Napolitano, expresándole su desacuerdo con la decisión del DHS de reanudar las deportaciones de haitianos.

Según estas organizaciones en Estados Unidos, Haití está aún luchando por recuperarse del terremoto del 12 de enero y que no puede asegurar la protección de los deportados.

Expulsiones violentas de haitianos

Según estimaciones de algunos líderes comunitarios, en la mañana del 28 de febrero, los habitantes de varios distritos dominicanos expulsaron a 420 haitianos.

"Es mejor limpiar nuestros distritos de esta gente, porque muchos de ellos han cometido crímenes", dijo un líder comunitario.

Tras las expulsiones, el JRS República Dominicana escribió a la policía de la ciudad de Santiago, en el norte del país, pidiéndole que protegieran los derechos humanos de los haitianos amenazados por los líderes comunitarios de esta provincia dominicana.

Ambos candidatos han expresado su preocupación con respecto a las expulsiones de haitianos de varios distritos de la ciudad de Santiago.

Posteriormente, varios grupos de derechos humanos y el embajador de Estados Unidos en la República Dominicana, Raúl Yzaguirre, instaron a las autoridades a proteger los derechos de los haitianos en el país.

Miles de etíopes, eritreos, somalíes y otros refugiados hombres, mujeres y niños siguen atrapados en Libia.
Hasta la fecha, más de 280.000 personas han huido de la violencia en Libia. La mayoría han ido a Túnez y Egipto, mientras que unos pocos más han solicitado protección en Níger y Argelia.

Roma, 16 de marzo de 2011 – El JRS ha aplaudido las acciones de las autoridades italianas en respuesta a la situación de los refugiados eritreos en Libia; sin embargo, reconoce que aún queda mucho por hacer.

Cincuenta y ocho refugiados eritreos fueron evacuados de Trípoli, la capital libia, por fuerzas italianas el pasado 8 de marzo. En cooperación con el Obispo Católico de Trípoli y el Consejo Italiano para los Refugiados (CIR), las autoridades italianas evacuaron en avión a los refugiados a la sureña ciudad de Crotone, en el sur de Italia. Las 18 familias, formadas por 18 mujeres, 11 hombres y 26 niños, fueron alojadas en el centro de recepción de Santa Ana.

Según la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) en Trípoli, las autoridades italianas están tramitando la evacuación de otros 70 refugiados eritreos de Libia. Además, 13 refugiados de esa misma nacionalidad que se encontraban a bordo de un carguero maltés fueron trasladados a tierra. Todos se habían inscrito en el ACNUR en Trípoli, y, por lo tanto, se les ha permitido solicitar asilo en ambos países.

A pesar de los esfuerzos de los gobiernos de la UE, el JRS sigue defendiendo el reasentamiento de los refugiados que se encuentran en Libia y que se garantice la protección de los civiles que huyen de la violencia en el país.

Las cifras de la crisis

Hasta la fecha, más de 280.000 personas han huido de la violencia en Libia. La mayoría han ido a Túnez y Egipto, mientras que unos pocos más han solicitado protección en Níger y Argelia.

Sin embargo, según el JRS, hay que hacer mucho más para ayudar a los refugiados eritreos, somalíes y etíopes en el país para que puedan llegar a un lugar seguro en Europa. El ACNUR tiene registrados a más de 2.000 refugiados eritreos para facilitar su evacuación.

Según el ACNUR, los equipos sobre el terreno han identificado a 700 personas que necesitan protección en Túnez y a otras 54 en Egipto procedentes de Somalia. Aproximadamente hay 350 eritreos en un campamento de la Media Luna Roja en Benghazi, y algunos pocos más en otras ciudades de Libia.

Antes de que estallara el conflicto había 11.000 solicitantes de asilo y refugiados en Libia, y se cree que hay muchos más necesitados de protección internacional procedentes de Eritrea, Etiopía y Somalia.

En las últimas 24 horas, 22 barcas con más de 1.600 personas, la mayoría jóvenes varones tunecinos han desembarcado en la pequeña isla de Lampedusa, lo que eleva a 10.000 la cifra de tunecinos que han llegado a Italia desde mediados de enero.

Estudiantes refugiados en el recién equipado centro de educación de Kakuma, noroeste de Kenya (Angelika Mendes/JRS)
Para algunos, esta es la primera oportunidad de adquirir formación profesional en el área de los servicios sociales.

Kakuma, 7 de marzo de 2011 –  Los refugiados del campamento de refugiados de Kakuma ahora pueden estudiar para conseguir un diploma en servicios sociales después de que el JRS pusiera en marcha su primera diplomatura como parte de su iniciativa de educación superior.

El primer curso, presentado hace dos semanas, se refiere a la gestión de casos psicosociales. Durante 15 días, diecinueve refugiados y dos miembros de la comunidad de acogida estarán aprendiendo diferentes formas de brindar servicios sociales a personas vulnerables en sus comunidades.

Al final del curso, los participantes que cumplan con éxito todos los requisitos obtendrán un certificado de educación continua en Gestión de Casos Psicosociales.

El curso es el primero en el marco de la Vía de Aprendizaje de Servicios a la Comunidad (CSLT, por sus siglas en inglés) que forma parte de una nueva iniciativa de educación a distancia de Jesuit Commons – Educación Superior a Distancia (JC-HEM) y del Servicio Jesuita a Refugiados en el campamento de refugiados de Kakuma. Pronto se impartirán nuevos cursos en otras áreas.

Desarrollado entre EE.UU. y Kenya

El curso se desarrolló en cooperación con la Fordham University, una universidad jesuita de Nueva York, y el JRS en Kakuma. El Dr. Paul Duong Tran, profesor asociado de la Escuela Fordham de Servicios Sociales, junto a estudiantes de maestrías y de doctorado han ofrecido su tiempo y excelentes conocimientos de forma voluntaria para reunir los materiales del curso. El JRS los adaptó para diseñar los planes de estudio adaptados a los participantes en Kakuma.

El curso consiste en 10 horas de formación a la semana en Kakuma. Como parte de la iniciativa, se instalaron nuevos equipos informáticos y conexiones a Internet en el campamento para permitir incorporar contenidos online como vídeos en su currículum.

En el futuro, se prevé que los estudiantes de Kakuma puedan conectarse online con alumnos de los EE.UU. y de otros lugares que participen en el proyecto JC-HEM.

Seleccionando los primeros estudiantes

El grupo de estudiantes involucrados en esta nueva oportunidad de aprendizaje fueron elegidos de entre los que sirvieron a sus comunidades como voluntarios en el campamento o que trabajaron con organizaciones locales en la comunidad de acogida. Para algunos, esta es la primera oportunidad de adquirir formación profesional en el área de los servicios sociales.

"Estoy entusiasmadísima por este curso y por el grupo de estudiantes. Realmente creo que el curso de gestión de casos psicosociales puede formar a personas que sirvan a quienes viven en Kakuma. Su dedicación para aprender añadido a los recursos ofrecidos a través de este partenariado me hace confiar en que utilizarán los conocimientos adquiridos en este curso en los próximos años", dijo Gretchen Emick, facilitadora de la CSLT en Kakuma.

Educación a distancia para refugiados en tres países

La CSLT forma parte de un proyecto más amplio del JC-HEM que ofrece educación a distancia por ordenador a los refugiados del campamento de Kakuma, Kenya, el de Dzaleka, Malawi, y a los refugiados urbanos en Alepo, Siria.

El proyecto aúna dos áreas – una diplomatura en estudios en humanidades que está completamente acreditado como un grado abierto a los refugiados de Kakuma y Dzaleka; y la CSLT que ofrece cursos más cortos de desarrollo profesional en áreas directamente aplicables a las vidas de los refugiados y a miembros de las comunidades de acogida en estos tres emplazamientos.

El JRS ha estado presente en el campamento de refugiados de Kakuma, al noroeste de Kenya, desde 1994. El campamento acoge en la actualidad a más de 80.000 refugiados de los que la mayoría son somalíes.

Millones de colombianos han sido desplazados por la violencia, muchos de ellos siguen necesitados de soluciones duraderas, Buenaventura, Colombia (Sergi Càmara/JRS)
Aproximadamente 500.000 colombianos han huido a los países vecinos, muchos de los cuales siguen necesitando soluciones duraderas, si bien la integración local o el retorno seguro siguen siendo opciones a descartar.

Washington DC, 10 de marzo de 2011 – Sin duda, una de las más persistentes — y olvidadas — crisis humanitarias del hemisferio occidental, el actual conflicto de Colombia, se ha saldado con la persecución y el desplazamiento de más de cuatro millones de colombianos en las últimas dos décadas.

El 23 de marzo, el Servicio Jesuita a Refugiados USA participará en una mesa redonda sobre la situación de los refugiados colombianos en Ecuador y Panamá. El evento se centrará en las condiciones de vida, el acceso al empleo, la atención sanitaria y las oportunidades educativas, poniendo un énfasis especial en los afrocolombianos, los menores no acompañados y las mujeres.

El acto contará con tres panelistas: Shaina Aber, adjunta al director de advocacy del JRS USA; Andrea Lari, directora regional de Refugees International; Melanie Nezer, directora de políticas y advocacy, de la Compañía Hebrea de Ayuda a los Inmigrantes. Será moderado por Kathleen Newland, directora de Programas de Políticas para Refugiados e Inmigrantes del Instituto de Políticas de Inmigración.

Ecuador y Panamá

El impacto del conflicto en los países vecinos y la creciente crisis de los refugiados en la región han recibido poca atención de la comunidad internacional. Aproximadamente 500.000 colombianos han huido a los países vecinos, muchos de los cuales siguen necesitando soluciones duraderas, si bien la integración local o el retorno seguro siguen siendo opciones a descartar.

En Ecuador, los grupos armados colombianos operan en las comunidades fronterizas, imponiendo sus impuestos, amenazando y desplazando a los campesinos, reclutando por la fuerza a niños y aterrorizando a la población.

El gobierno ecuatoriano ha enviado miles de soldados a la frontera desde 2008, pero las consecuencias de esta medida han sido contrarios a los previstos. Por ejemplo, un estudio reciente del ACNUR sobre 700 mujeres refugiadas en el área de Lago descubrió que el 94,5% habían sido víctimas de violencia sexual y de género a lo largo de sus vidas.

En las remotas áreas rurales de Jaqué y Piña, en Panamá, conseguir atención médica adecuada es un verdadero reto para todos, pero en especial para aquellos cuya movilidad es limitada. No hay hospital en Jaqué, sólo un pequeño centro de salud. En el caso de una emergencia médica, las personas con protección temporal se ven obligadas a solicitar permiso para ir al hospital.

En 1996, el gobierno panameño comenzó a repatriar a los refugiados en la región  fronteriza de Darién, levantando duras críticas entre la comunidad internacional. Sin embargo, las repatriaciones siguieron y Jaqué, como principal destino de los refugiados, vio algunos intentos de retorno. Las entrevistas realizadas a residentes en Jaqué indican que las autoridades panameñas siguieron una política de intimidación para presionar a los desplazados colombianos a firmar los documentos de retorno.

Para más información: http://my.migrationpolicy.org/o/6170/p/salsa/event/common/public/?event_KEY=40327#